DI GREGORIO, LETICIA c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/AMPARO LEY 16.986

Este fallo es relevante en varios planos procesales que exceden el derecho vial. En materia de legitimación activa en amparos colectivos, el tribunal adoptó el criterio amplio fijado por la CFAR —y avalado por la CSJN en 'Halabi'— según el cual, ante derechos de incidencia colectiva, la duda debe resolverse a favor de admitir la legitimación. Basta acreditar un interés legítimo como usuario del bien colectivo en juego; no se exige titularidad de un derecho subjetivo individual. En la práctica, esto significa que cualquier habitante o usuario habitual de una ruta, servicio público o bien colectivo deteriorado tiene un umbral bajo para superar el filtro de admisibilidad.

En cuanto a la caducidad del amparo (art. 2 inc. e, ley 16.986), el juzgado reafirmó la doctrina de la CSJN en 'Mosqueda' y 'Etchart': el plazo de 15 días hábiles no corre cuando la conducta lesiva es de naturaleza continua y no se agota en un acto único. Si el incumplimiento se reitera o prolonga en el tiempo —como ocurre con el deterioro vial progresivo o con cualquier omisión de prestación de servicio sostenida—, la acción no caduca. Esto tiene aplicación directa en amparos laborales o previsionales donde el empleador o el organismo sigue incumpliendo mes a mes.

Sobre la legitimación pasiva amplia, el fallo incorporó al proceso a organismos que no fueron demandados originalmente (Ministerios, Secretaría de Transporte) por su rol en la cadena de habilitaciones presupuestarias. El criterio es que cuando el incumplimiento de un ente descentralizado depende estructuralmente de decisiones presupuestarias de otros organismos, estos últimos pueden ser convocados al proceso. Eso abre la puerta a estrategias procesales donde se traiga a juicio no solo al ejecutor directo de la omisión, sino también a quien tiene poder de hecho para remediarla.

Finalmente, la sentencia de naturaleza declarativa con efectos de mandamiento de ejecución futuro —siguiendo la conceptualización de Sagüés— es un instrumento útil cuando el objeto del amparo involucra obras o prestaciones complejas que no pueden ordenarse en un plazo único y rígido. En la ejecución de sentencia, el tribunal conserva el control del cumplimiento, lo que habilita audiencias de seguimiento, intimaciones y eventuales sanciones por incumplimiento, tal como ocurrió durante la tramitación de las cautelares en este mismo expediente.