Propiedad participada, prescripción

El sumario establece que el plazo de prescripción para las acciones derivadas de los programas de propiedad participada —regulados por la Ley 23.696 y sus decretos reglamentarios— comienza a correr desde un momento común y uniforme para todos los trabajadores involucrados: la publicación de un acto determinado. Aunque el sumario se corta y no especifica de qué publicación se trata, el criterio central es claro: se unifica el dies a quo prescriptivo, descartando que cada trabajador tenga un punto de inicio individual según sus circunstancias personales.

En la práctica, esto tiene una incidencia directa sobre la viabilidad de los reclamos. Si el plazo corre desde un hecho objetivo y colectivo —la publicación— y no desde que cada empleado tomó conocimiento particular de su situación, muchos créditos que parecían vigentes podrían estar prescriptos. Al mismo tiempo, el criterio unificador favorece la previsibilidad y evita soluciones dispares dentro de un mismo programa.

Para el laboralista que asesore a trabajadores con créditos pendientes de estos programas, la primera verificación que debés hacer es determinar cuándo se produjo esa publicación y desde ahí computar el plazo aplicable. La antigüedad del reclamo y la fecha en que tu cliente accionó son datos críticos que pueden definir la suerte del caso antes incluso de entrar al fondo del asunto.